Secrecía gubernamental en la frontera / En la opinión de Jesse Franzblau

Jesse Franzblau / APRO / MX Político.- Muchos en Estados Unidos se están cuestionando sobre los valores colectivos del país, después de que salieron a la luz imágenes de niños corriendo para escapar de las nubes de gas lacrimógeno arrojado por las fuerzas fronterizas estadunidenses.
Lo que sin embargo todavía pasa inadvertido es el esfuerzo oculto que realiza la administración Trump para presionar a México con el fin de que le ayude a desarrollar políticas fronterizas cada día más draconianas.
La secrecía que hay detrás del uso de la fuerza impide que se abriguen esperanzas de una rendición de cuentas, y dirige los reflectores hacia el papel que desempeña México en la ejecución de los planes del presidente Donald Trump para fortificar la frontera y revisar el proceso de asilo de Estados Unidos.
Existen informes preocupantes sobre un supuesto acuerdo entre los dos países para obligar a quienes buscan asilo a esperar en México, mientras sus casos avanzan tortuosamente por las cortes de inmigración de Estados Unidos. La propuesta ha sido condenada por observadores de derechos humanos, quienes afirman que el plan viola las garantías individuales que permiten buscar asilo.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dice que no hay tal acuerdo, pero las tradicionales negociaciones encubiertas entre los dos países podrían impedir a la opinión pública conocer la verdad.
La administración Trump obligó al gobierno saliente de México a mantener el intercambio documental entre los dos países bajo riguroso secreto, incluyendo los comunicados sobre la separación familiar. En respuesta a las solicitudes de información presentadas por Open the Government, la Secretaría de Relaciones Exteriores de México sostuvo que sus diplomáticos externaron su oposición a la política de separar a las familias, pero que no podía proporcionar los documentos que lo probaban.
Archivos recientemente obtenidos indican que el secretario de Relaciones Exteriores de México, Luis Videgaray, se comunicó directamente con el secretario de Estado, Mike Pompeo, y la secretaria del Departamento de Seguridad Interior, Kirstjen Nielsen, “para expresar el rechazo de México a la política de separar a familias migrantes en la frontera”.
La embajada mexicana en Washington también llamó a Estados Unidos a suspender prácticas que violan los derechos humanos de los migrantes y a emprender acciones que “corrijan los graves efectos que ha tenido la implementación de la política de ‘cero tolerancia’”. 
Sin embargo, el Departamento de Estado está pisoteando el derecho que tiene la opinión pública a saber lo que ocurre tras bambalinas. Pese a la enorme exigencia pública de información sobre estas políticas, funcionarios estadunidenses le dijeron a México que tenía que mantener reservados estos archivos del escrutinio público al menos por tres años; y México se plegó.
Si Estados Unidos puede obligar a México a callar, inclusive cuando hay familias que son separadas, entonces hay pocas esperanzas de que se rindan cuentas sobre otras decisiones controversiales que involucran la cooperación del gobierno mexicano en la aplicación de las leyes de migración. 
Pasando por alto las objeciones del Congreso de Estados Unidos, la administración Trump parece decidida a seguir adelante con sus planes de transferir 20 millones de dólares a las autoridades migratorias mexicanas, para que detengan y deporten a los migrantes antes de que lleguen a la frontera estadunidense. Y aún más dinero de los contribuyentes estadunidenses podría ser empleado para que la policía mexicana impida a las familias llegar a puertos de entrada donde tengan la posibilidad de solicitar asilo.
Todas estas maniobras tras bambalinas dejan a los legisladores de ambos países en la duda de lo que ocurrirá de aquí en adelante con los policías y militares estacionados en la frontera. De momento se incrementan los temores de cómo interpretará el ejército estadunidense su nueva autoridad para ejercer el uso de la fuerza, derivada de la orden firmada por el jefe de Gabinete de la Casa Blanca, John Kelly. 
Ante la evidencia de que México está cerrando los albergues para migrantes en la frontera, hay serias preocupaciones de que las fuerzas de seguridad, de ambos lados, puedan reaccionar con más violencia contra los desesperados peticionarios de asilo.
La secrecía y el caos florecen bajo el enfoque de la administración Trump hacia la frontera. Los acuerdos a puertas cerradas entre Estados Unidos y México merman la confianza pública en ambos gobiernos. Sin transparencia, hay pocas esperanzas de restablecer las salvaguardas legales para la protección de los derechos humanos. 
Y las consecuencias son tanto en detrimento de quienes buscan asilo, como de los ciudadanos de ambos países que desean tener voz en las decisiones de los funcionarios que eligieron.
Para reinstaurar la rendición de cuentas, el próximo Congreso de Estados Unidos y el nuevo gobierno de México tendrán que derribar el muro de secrecía, y dar marcha atrás a la ola de abusos y excesos gubernamentales.
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